Según un estudio independiente de la certificadora internacional NAID (National Association for Information Destruction) un 72% de la información que se destruye en España, acaba en contenedores de basura en lugar de ser eliminada de la forma adecuada. Así, se incumple con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la que se establece que toda documentación debe eliminarse garantizando totalmente su destrucción una vez haya sido dejado de ser necesaria, o bien cuando haya finalizado el plazo legal de archivo y por lo tanto, puede proceder a destruirse.
Es de destacar que en relación con otros países de la Unión Europea, un 80% de las inspecciones que se realizan a nivel europeo, se llevan a cabo por la Agencia Española, mientras que, en otros países, las inspecciones son pocas e incluso el tipo de sanciones, que son mínimas.
Recordemos pues, que toda entidad o empresa debe ser consciente del valor de la información que posee y del hecho de que debe preservar la confidencialidad de dicha información así como velar por una destrucción adecuada, no por el riesgo a una sanción de la Agencia sino por proteger los datos de sus clientes o usuarios. Es importante, pues, que las empresas adopten políticas de destrucción responsables, haciendo saber a sus trabajadores, no sólo que deben destruir la documentación, utilizando las destructoras o contenedores de papel adecuados, sino explicarles el motivo, hacerles conscientes de la finalidad.
Asimismo es importante, que en el caso de que se contrate a una empresa para la destrucción de la documentación, se le solicite que emitan el certificado correspondiente, acorde con la Ley. Todo ello con el objeto de salvaguardar el derecho a la protección adecuada de los datos de toda persona que, en definitiva, es la finalidad de esta norma.
