La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCYFT) obliga a todos los sujetos que puedan tener conocimiento de actividades de transferencia o movimientos de capitales y que puedan resultar sospechosas o susceptibles de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos y parámetros que establece la Ley.
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