Nuevo proyecto de ley del catalán en Andorra 

El pasado 13 de septiembre el Gobierno del Principado de Andorra aprobó el nuevo proyecto de Ley del catalán en Andorra que buscará exigir la acreditación de un nivel mínimo de catalán en el momento de la renovación del permiso de residencia. 

Cabe recordar que no es la primera vez que se abre el debate en torno al uso del catalán en el Principado, así como su preservación y promoción, dado que se trata de la lengua oficial del país y una parte importante de su identidad nacional. Cabe recordar que el artículo 2.1 de la Constitución andorrana dispone que “la lengua oficial del Estado es el catalán”. 

Además, siempre se ha argumentado desde las instituciones andorranas que el conocimiento de la lengua catalana es fundamental por una adecuada integración y participación en la sociedad andorrana. 

Como era de esperar el anuncio de este nuevo proyecto de ley del catalán en Andorra ha creado una gran controversia entre los residentes del Principado, ya que, según se ha anunciado por parte del Govern, el proyecto de ley limitaría esta necesidad de conocimientos básicos de catalán a las personas titulares de un permiso de residencia y trabajo. Se excluyen, por tanto, los residentes con permisos de trabajador por cuenta propia, fronterizos, temporeros, residencia pasiva y otros tipos de permisos, como los que habitualmente tienen los deportistas, creadores de contenido y streamers que residen en el Principado. 

Esta limitación estaría motivada, según ha anunciado la ministra de Cultura y Deportes, porque es el tipo de permiso que tienen la mayoría de las personas que trabajan en el sector de los servicios y de atención al público, como es el caso del comercio y de la hostelería. 

La previsión es que dicha norma legal entre en vigor en septiembre de 2024 y prevé impactar inicialmente unos 3.000 permisos de residencia y trabajo que deben renovarse el próximo año. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley se encuentra en una fase inicial y que durante el proceso parlamentario puede ser objeto de modificación. 

El objetivo de esta norma es fomentar el uso y la preservación de la lengua oficial del Principado. Por este motivo, se prevé que a los residentes que no tengan estos conocimientos básicos se les exigirá la realización de un curso de 30 horas de formación de catalán y dispondrán de un año para ello. 

¿Cómo se realizará la comprobación de estos conocimientos básicos? El proyecto de ley no lo prevé pero, lo que sí prevé es que estos detalles se fijarán por vía reglamentaria, reglamento de desarrollo de la ley que debería estar realizado en menos de 6 meses, y que probablemente fija como medio de comprobación una prueba oral. 

Para poder llevar a cabo esta formación, el Gobierno de Andorra está buscando a cuatro nuevos profesores de catalán para reforzar el conjunto de profesorado que actualmente trabaja en los centros de aprendizaje de catalán, centros que en los últimos días han visto llegar un alud de peticiones de inscripciones, y que cuentan en la actualidad con una lista de espera de más de 700 personas. 

La ley contemplaría un régimen sancionador de 1.000 a 60.000 euros, aunque la titular de Cultura y Deportes ha comentado que la voluntad es que no deban aplicarse, que la normativa “no es sancionadora” y que serán los inspectores de cada sector los que tendrán que velar por el cumplimiento de la norma, con coordinación con el departamento de Política Lingüística. 

El anuncio de esta medida ha creado el movimiento de una parte de los residentes que se oponen al proyecto de ley señalando que la norma limita la libertad de elección y discrimina a quienes no hablen catalán. Argumentan que es importante garantizar el respeto de la diversidad lingüística y cultural del Principado y que se puede promover la lengua oficial sin necesidad de imponer su conocimiento como requisito para poder residir en el país. Entre ellos, algunos streamers o creadores de contenido españoles residentes en Andorra, que se han quejado públicamente en sus plataformas sobre esta propuesta de ley. 

Más allá de la exigencia del catalán a una parte de los residentes, el proyecto legislativo tiene el reto de sustituir la normativa vigente, la Ley de ordenación del uso de la lengua oficial, aprobada en diciembre de 1999, que no ha sufrido muchas modificaciones desde su entrada en vigor. 

El proyecto de la nueva ley del catalán prevé su uso en la administración de Justicia y en la resolución alternativa de conflictos, haciendo referencia al uso de traductores e intérpretes o el uso de la lengua de signos catalana, haciendo un paso adelante para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Asimismo, contempla una modernización del lenguaje administrativo y de las comunicaciones públicas y telemáticas. 

Por tanto, y a modo de conclusión, remarcar dos puntos que creemos importantes: 

1. Es un proyecto de ley, lo que quiere decir que todavía no está claro si se acabará aplicando esta normativa, de qué manera y a quién irá dirigida. 

2. Está enfocada principalmente a trabajadores del sector servicios que se encuentren de cara al público (comercios, hostelería…) de la administración pública, con el fin de que se siga utilizando el idioma oficial del país en estos sectores. Por tanto, residentes como deportistas o creadores de contenido quedan al margen, aunque también se recomienda que lleven a cabo estas formaciones.

Katia Carneiro

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