Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso de cámaras de videovigilancia para supervisión laboral

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, mediante la Sentencia número 29/2013, de 11 de febrero de 2013, respecto al uso de cámaras de videovigilancia para supervisar a los empleados, cuando éstas han sido colocadas con una finalidad distinta.

En el caso enjuiciado, un empleado de la Universidad de Sevilla recurre su despido, llegando finalmente el asunto al Tribunal Constitucional, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la protección de datos (artículo 18.4 de la Constitución Española) ya que, defiende que el motivo de su despido se basa principalmente en el incumplimiento de su jornada laboral. Incumplimiento que había sido verificado mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en el recinto de la universidad para controlar los accesos de los ciudadanos, es decir, con una finalidad distinta a la de supervisión laboral, sin que nadie le hubiese informado de que iba a ser controlado a través de las precitadas cámaras.

Por su parte, la Universidad de Sevilla alegó que el empleado conocía perfectamente la existencia de las cámaras de videovigilancia, por estar éstas señalizadas con los pertinentes carteles anunciadores, y amparaba su derecho a supervisar al empleado, a través de las grabaciones, con fundamento en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en base al cual, la existencia de una relación laboral justifica el tratamiento de datos de carácter personal sin necesidad de consentimiento por parte del trabajador.

Tras el pertinente enjuiciamiento del caso, el Tribunal Constitucional resuelve el asunto tomando como base la Sentencia número 292/2000, de 30 de noviembre, del Pleno del Tribunal, y en base a la misma dispone que: el artículo 18.4 de la Constitución Española que recoge implícitamente el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal requiere que el afectado sea informado de tratamiento, así como, del fin  de dicho tratamiento.

Así, el Tribunal Constitucional señala “No hay habilitación legal expresa para esa omisión del derecho de información sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito de las relaciones laborales, y que tampoco podría situarse su fundamento  en el interés empresarial de controlar la actividad laboral a través de sistemas sorpresivos o no informados de tratamiento de datos que aseguren la máxima eficacia en el propósito de vigilancia” para más adelante añadir “las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales” .

Finalmente el Tribunal añade: “No contrarresta esa conclusión que existieran distintivos anunciando la instalación de cámaras y captación de imágenes en el recinto universitario, ni que se hubiera notificado la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos; era necesaria además la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida”.

En definitiva, el Tribunal Constitucional se manifiesta a favor de proteger y dar prioridad a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a la protección de los datos de carácter personal, por encima del derecho que tienen los empresarios a controlar y supervisar a sus trabajadores.

Ello no obsta, a que los empresarios puedan colocar cámaras de videovigilancia para controlar a sus empleados, pero en ese caso, el empleado debe estar advertido, no solo de la existencia de las cámaras, sino también de la finalidad de las mismas, lo que no ocurrió en el asunto enjuiciado.

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