¿Formación subvencionable con todo incluido?

La Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), ha publicado una noticia en su página web en la que valora una nota informativa de la Fundación Tripartita del pasado 10 de septiembre que trata de las empresas que ofrecen formación subvencionable para sus trabajadores en el ámbito de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBCFT).
Según la APEP, el comunicado de la Fundación Tripartita, entidad que colabora con el Servicio Público de Empleo Estatal para que las empresas españolas puedan disponer y subvencionarse planes de formación para sus trabajadores,  es ineficaz e insuficiente porque se limita a indicar que las empresas que contraten la formación en prevención de blanqueos de capitales, no podrán subvencionarse los informes anuales de expertos externos a los que están obligadas las empresas sujetas al cumplimiento de esta ley, sin indicar, prácticamente, nada más. En este sentido, la APEP considera que no puede permitirse que haya empresas que ofrezcan formación subvencionable en ámbitos como la protección de datos y la prevención de blanqueo de capitales y que junto a éstas, se “regale” la implantación de medidas y/o asesoramiento porque no se cumplen las condiciones como para entender que dichas actuaciones sean subvencionables.
La misma Fundación Tripartita así lo indicaba en un comunicado que emitió el pasado mes de junio, donde establecía claramente que el Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 establecen que “el crédito anual del que disponen las empresas está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas (…) y que las empresas que se bonifiquen por la contratación de servicios de consultoría (LOPD, LPBCFT, etc.) deberán devolver los importes correspondientes y atenerse a las actuaciones pertinentes del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. En dicho comunicado, establecía, además, que la Fundación Tripartita había iniciado hace años algún proceso de comprobación tras detectar entidades que ofrecían servicios gratuitos de consultoría con cargo al crédito asignado a las empresas para la formación de sus trabajadores y que estas actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, habían dado lugar a la imposición de sanciones.
En consecuencia, recomendamos que cualquier empresa que pretenda formar a sus trabajadores en materia de protección de datos y/o prevención de blanqueo de capitales, tenga en cuenta estas consideraciones.
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